El ESTADO DE MALESTAR EN LOS SERVICIOS SOCIALES

En nuestro país ha aparcado el estado del malestar y cual dependiente con necesidad de ayuda, se le ha reservado plaza de garaje preferente con su distintivo diferenciador bien a la vista para que nadie se equivoque en su búsqueda. Sin más apoyo que su propia voluntad y empuje, el discapacitado estado camina con sus ciudadanos hacia los cada vez más diezmados servicios sociales públicos.

          Inician su aventura en  la rueda de solicitudes de prestaciones de emergencia encontrándose con l@s trabajadores/as sociales que acogen su malestar y vergüenza al demandar la ayuda: “si tuviera un trabajo nunca hubiera venido aquí”, “jamás me había encontrado así”, “si pago el alquiler, no como”,  dicen muchos de los solicitantes. “Necesito comer, no quiero volver a robar para hacerlo”, expresan otros.

          Cuando desde un servicio público se tramitan prestaciones económicas se requieren justificaciones de las necesidades  y si un ciudadano se acerca al mismo con la carencia más esencial como es la comida, comienza a rodar por una maquinaria del malestares derivados de la dificultad de  justificar el hambre sobrevenida de los recortes económicos que les impiden comer. En muchos casos, los usuarios tienen que demostrar que han agotado la comida entregada  por las diferentes ONGs en forma de alimentos no perecederos y l@s trabajadores/as sociales  de los servicios sociales públicos informar en base al derecho subjetivo, básico, esencial y necesario que acoge a toda persona  de comer todos los días y no solo cuando se inician campañas de solidaridad y reparto de alimentos.

          El informe del "malestar social" rueda desde los centros de acción social básicos hacia las oficinas administrativas de “bienestar social” donde dictámenes técnicos han de ratificar las necesidades demandadas. Cuando éstas se cuantifican económicamente algunos técnicos encargados de hacerlo  y cuidando "en exceso" que los dineros públicos destinados a ayudas de alimentación se usen adecuadamente, demandan información “objetiva complementaria”,con especificación de alimentos recibidos por otros organismos,  cantidades, número de lotes y cuantificación económica. 

     En este punto, el malestar no solo se acrecienta  en el usuario que demanda la ayuda, sino también en el profesional  que lo acogió y justificó su valoración en el derecho que toda persona tiene de alimentarse diariamente y hacerlo de forma adecuada (también de alimentos frescos, como carne y pescado, que no se acostumbran a incluir en los famosos lotes).  

      Inflada de esta forma la rueda del malestar, ¿cómo evitar que explote?

  El estado del malestar social es consecuencia de un estilo de actuar y l@s profesionales de los servicios sociales públicos no deberían quedar nunca en evidencia con acciones de burócrata gris pidiendo justificar lo injustificable y convirtiéndose en defensores de la arbitrariedad y la humillación.

El usuario al que se le ha puesto tanto requisito, se puede ir sin la prestación pero como los acampados del 15M hicieron al dejar las plazas públicas, colgará su pancarta diciéndonos “me voy de aquí sin la ayuda, pero me quedo en vuestras conciencias”.

PD: Cualquier parecido con la realidad de los hechos descritos no es pura coincidencia.