jueves, 6 de junio de 2013


(Os dejo un resumen de la comunicación que presenté en las Jornadas de los 25 años de Servicios sociales en Castilla y León  celebradas en León el pasado mes de Marzo) 

   
     Toda intervención profesional requiere actuaciones éticas. Si además esta intervención se  realiza en contacto directo con las personas, teniendo como materia básica del trabajo todo lo que concierne a sus necesidades y a la gestión de sus derechos y recursos sociales, con objetivos de mejora social, calidad de convivencia y bienestar social, es fundamental que todas nuestras  acciones profesionales estén reguladas por directrices éticas.

     La conciencia ética es básica en la práctica del trabajo social. En el ejercicio profesional diario de atención a personas, grupos y/ó situaciones problemáticas, los profesionales de la acción social nos planteamos dudas y nos hacemos preguntas que nos llevan a menudo  a buscar respuestas desde el cumplimiento ético.

    Las reformas legislativas y  estructurales, los recortes sociales y económicos a los se está sometiendo el estado del bienestar, ponen en evidencia importantes dificultades en el  ejercicio profesional .A ello hemos de unir un  quehacer profesional impregnado,  cada vez más, de problemas y dilemas éticos envueltos en una acrecentada burocratización de los servicios. Por este motivo, nuestra acción ética revive  planteamientos, reflexiones  y debates, tanto desde la óptica de la intervención profesional como desde el análisis de las normas y principios éticos de las propias instituciones  desde donde  desarrollamos nuestro trabajo.

     Precisamente y al hilo de lo que actualmente está aconteciendo en nuestro estado de bienestar y sus  formas de intervención, los planteamientos éticos surgen en torno a   programaciones y normas institucionales que no responden a necesidades sociales  reales, por  la falta de  equidad en la distribución de servicios, y a causa de las anómalas formas de dirigir  el tráfico de  recursos con  disfunciones de los semáforos de distribución.

      Los  conflictos de valores a  que los profesionales del trabajo social nos podemos  ver sometidos en el ejercicio de nuestras funciones nos lleva a  considerar el fundamental protagonismo  que tienen  la ética y nuestro  código deontológico en el momento actual.

      Partiendo  de la premisa de que no existe trabajo bien hecho sin ética bien aplicada y desde los desafíos a los que nos enfrentamos actualmente con  una herencia de grandes avances sociales  y la evidencia de retrocesos e involuciones en nuestro estado del bienestar propongo la formulación de un código de  Buena Práctica Ética que establezca:

§  Frente a la  ética de mínimos que se aplica para salir del paso sin implicarse más de lo necesario aunque sea necesario, poner en marcha el formulario de la ética de máximos.

§  No convertir en “normalizadas” acciones que por su naturaleza y características no lo son,  justificando actuaciones profesionales injustas

§  Romper con la tecnología que promulga  todo para los humanos pero sin los humanos.

§  Reivindicar la imagen del servidor público ético y eficaz  frente al empleado burócrata  distante e ineficaz.

§  Salir del inmovilismo y la individualidad, incorporando a la intervención profesional más solidez y  sentido crítico.

§  Evitar que las fortalezas de los entramados burocráticos de las administraciones para las que trabajamos supongan nuestras debilidades en la acción ética igualitaria, responsable y justa.

§  Apostar por un ejercicio profesional guiado de acciones  transformadoras y reivindicativas en la consecución y permanencia  de los derechos sociales.

§  Propiciar que nuestras acciones produzcan reflexiones y reacciones  de una ciudadanía cada vez  más activa e  informada.

§  Frente a los desafíos del complejo contexto socio-económico actual ser visibles con  una  acción ética cada vez más  estética.

    Ahora más que nunca en aras de la trasparencia que tan de moda está, creo que es necesario:

Promocionar y garantizar  la información a los usuarios sobre  los derechos sociales que les protegen reivindicando su vigencia y permanencia.

Priorizar en nuestras intervenciones la consecución de  los  servicios sociales públicos y universales  frente a la aplicación de  políticas sociales reduccionistas e insolidarias.

Humanizar las instituciones valorando y gestionando con criterios de justicia distributiva.



MAREA NARANJA

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