Que el estado de bienestar está siendo diezmado por las políticas neoliberales es un hecho evidente y que los profesionales de los servicios sociales nos estamos convirtiendo en el único recurso que tienen los usuarios es una realidad cotidiana.
No hay día en que desde nuestra intervención profesional no constatemos nuevos recortes, no se nos comunique reducción de los pocos presupuestos sociales existentes y nos deriven a derivar a instituciones privadas. Lo están consiguiendo: este país está empezando a ser reconocido únicamente por los que sobrevivieron la posguerra, los que conocieron las cartillas de racionamiento y los “beneficios” de la beneficencia.
Han vuelto a aparecer listados de “pobres” damnificados de la crisis con sus nombres, apellidos y sus DNI y con ellos la evidencia de la injusticia social. Cuando nuestros usuarios se reconocen en esas listas aumenta su vergüenza social. Y para más escarnio, muchas de las ayudas que solicitan hoy se les puede resolver dos meses más tarde.
Cuando acuden a nuestros despachos usuarios que nunca han tenido dificultades para poder afrontar sus necesidades básicas y te relatan cómo lo han perdido todo mostrando carpetas llenas de demandas por impagos con los últimos euros de su cartera vacía y encuentran nuestra cartera de recursos sin contenido, es entonces cuando los profesionales de los servicios sociales nos convertimos en el único recurso que les queda.
Paradójicamente la reducción de recursos sociales ha provocado el aumento de intervenciones profesionales y la gestión de ayudas de emergencia social están priorizando nuestras intervenciones. La demanda de necesidades básicas viene acompañada de rabia, impotencias, desolaciones, depresiones, vergüenzas y sobre todo ausencia de autoestima y pérdida de dignidad obligándonos a realizar mayores acciones de acompañamiento, escucha y empatía.
Es ahora cuando queda más evidenciado que no solo de la gestión de recursos se sustenta el trabajo social, cuando la proximidad y cercanía ha de garantizar de forma eficiente las necesidades básicas de los ciudadanos y cuando los profesionales del trabajo social nos hemos de hacer escuchar oponiéndonos a este anteproyecto de ley que ha elaborado el Gobierno que supondrá la destrucción definitiva de los servicios sociales municipales.
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