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En nuestro país ha aparcado el estado del malestar y
cual dependiente con necesidad de ayuda, se le ha reservado plaza de garaje
preferente con su distintivo diferenciador bien a la vista para que nadie se
equivoque en su búsqueda. Sin más apoyo que su propia voluntad y empuje, el
discapacitado estado camina con sus ciudadanos hacia los cada vez más diezmados
servicios sociales públicos.
Inician
su aventura en la rueda de solicitudes
de prestaciones de emergencia encontrándose con l@s
trabajadores/as sociales que acogen su malestar y vergüenza al demandar la ayuda: “si tuviera un trabajo nunca hubiera venido aquí”,
“jamás me había encontrado así”, “si pago el alquiler, no como”, dicen muchos de los solicitantes. “Necesito
comer, no quiero volver a robar para hacerlo”, expresan otros.
Cuando
desde un servicio público se tramitan prestaciones económicas se requieren
justificaciones de las necesidades y si un ciudadano se acerca al mismo con la carencia más esencial como es la
comida, comienza a rodar por una maquinaria del malestares derivados de la
dificultad de justificar el hambre
sobrevenida de los recortes económicos que les impiden comer.
En muchos casos, los usuarios tienen que demostrar que han agotado la comida
entregada por las diferentes ONGs en forma de alimentos no perecederos y l@s
trabajadores/as sociales de los servicios
sociales públicos informar en base al derecho subjetivo, básico, esencial y necesario
que acoge a toda persona de comer todos
los días y no solo cuando se inician campañas de solidaridad y reparto de alimentos.
El
informe del "malestar social" rueda desde los centros de acción social básicos hacia las
oficinas administrativas de “bienestar social” donde dictámenes técnicos han de
ratificar las necesidades demandadas. Cuando
éstas se cuantifican económicamente algunos técnicos encargados de hacerlo y cuidando "en exceso" que los dineros públicos destinados a ayudas de
alimentación se usen adecuadamente, demandan información “objetiva
complementaria”,con especificación de alimentos
recibidos por otros organismos, cantidades,
número de lotes y cuantificación económica.
En este punto, el malestar no solo se acrecienta en el usuario que demanda la ayuda, sino también en el profesional que lo acogió y justificó su valoración en el
derecho que toda persona tiene de alimentarse diariamente
y hacerlo de forma adecuada (también de alimentos frescos, como carne y pescado, que no se
acostumbran a incluir en los famosos lotes).
Inflada de
esta forma la rueda del malestar, ¿cómo evitar que explote?
El estado del malestar social es consecuencia de un
estilo de actuar y l@s profesionales de los servicios sociales públicos no deberían
quedar nunca en evidencia con acciones
de burócrata gris pidiendo justificar lo injustificable y convirtiéndose en
defensores de la arbitrariedad y la humillación.
El usuario al que se le ha puesto tanto requisito, se puede ir sin la prestación pero como
los acampados del 15M hicieron al dejar las plazas públicas, colgará su
pancarta diciéndonos “me voy de aquí sin la ayuda, pero me quedo en vuestras conciencias”.
PD: Cualquier parecido con la realidad de los hechos
descritos no es pura coincidencia.
