Hoy de nuevo tengo invitada en este blog. Se trata de Concepción de la Varga Fernández, trabajadora social y compañera en esta aventura del trabajo social en servicios sociales básicos de esta provincia leonesa.
Desde que este blog salió a la luz ha sido además de seguidora un gran apoyo en la difusión del mismo. Y como no, desde el principio tuvo mi invitación para poder transcribir lo que en muchas de nuestras conversaciones era motivo de preocupación y necesidad de participación y difusión.
Creo que solo el titulo de su post ya nos invita a seguir con atención su contenido y nos da motivo para el debate y la reflexión no solo del dialogo social en nuestra provincia sino también del diálogo y realidad social a nivel nacional.
Gracias Conchi por tu aportación al vademécum social y bienvenida a esta casa.
SOBRE LA HIPOCRESIA DEL DIALOGO SOCIAL
Tenía pensado escribir un post sobre el último libro que estoy leyendo; sin embargo, en estos días ha llegado al trabajo un correo electrónico con información sobre la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situación de urgencia social de la Comunidad de Castilla y León que me ha hecho cambiar de tema.
El correo, con un modelo de folleto impreso de dichas ayudas, ha sido enviado por uno de los sindicatos representados en la Mesa del Diálogo Social y enseguida he pensado: ¡que prisa se han dado en difundir esta prestación! máxime cuándo las corporaciones locales no han desarrollado el modelo de gestión y por tanto desde los centros de acción social de esta provincia, no las podemos tramitar al estar haciéndolo con regulación del año 2010.Esta idea me ha llevado a otra: aquí, además de la responsabilidad del Gobierno del Estado y de la Comunidad Autónoma, hay otros responsables en lo que está sucediendo.
En el marco del Diálogo Social de esta comunidad, se han firmado acuerdos y declaraciones entre los que destaco:
Familia acuerda con el Diálogo Social las condiciones de las ayudas de emergencia social. Familia y el diálogo social firman una declaración para garantizar el mantenimiento y el futuro de la red de Servicios Sociales y el empleo. Declaración de compromisos en materia de atención a la dependencia ante el escenario creado con motivo de la publicación del real decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. La Junta impulsa la creación de una red de protección que ofrecerá una respuesta integral e individualizada a las personas y a las familias más vulnerables afectadas por la crisis. La Junta alcanza el acuerdo que perfila el derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía.
(Todos estos acuerdos, y más, están publicados en la página de la Junta de Castilla y León).
La idea del Diálogo Social me parece muy interesante y positiva en cuanto que permite la participación y las aportaciones de todas las partes implicadas. La postura de la Junta de Castilla y León es coherente con las políticas sociales que promulga, estemos o no de acuerdo. Lo que no llego a entender es la postura y la participación de los sindicatos. Por un lado están promoviendo la movilización de los ciudadanos en contra de los recortes y por otra parte están firmando acuerdos y declaraciones que precisamente lo que hacen es eso, recortar.
En la práctica y solo por poner algunos ejemplos:
Se ha acordado reducir las cuantías de la prestación de cuidados en el entorno familiar, sin tener en cuenta las circunstancias individuales, a favor de la prestación económica vinculada para la adquisición de servicios profesionales.
¿Qué son servicios profesionales?, ¿Cuántos centros de personas mayores están poniendo precio a sus servicios en función de la prestación vinculada que recibe el dependiente?
¿Saben los sindicatos participantes en el Dialogo Social que la reducción en la intensidad del servicio de ayuda a domicilio público ha llevado a que muchas personas que podían continuar residiendo en su casa, se han tenido que ir a un centro “profesionalizado”? ¿Saben que la modificación de las ordenanzas de los servicios públicos conlleva que muchos de ellos tengan que renunciar y que incluso el precio público sea mayor que el prestado por el “profesionalizado”? ¿Saben que es prácticamente imposible acceder a una plaza pública de residencia? Acuerdan también impulsar una red cuyo objetivo es crear un macrosistema de protección que ofrezca una respuesta integral a las familias en situación de vulnerabilidad. A través de otro acuerdo se perfila y legisla posteriormente el derecho de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
¿Acaso no saben los sindicatos que la gran mayoría de inmigrantes, además de ser los primeros en quedarse sin empleo, no son capaces de conseguir la documentación requerida para el trámite? ¿No saben que las familias monoparentales están siendo miradas con lupa en caso de convivir con otros familiares? ¿Qué los más vulnerables, los que menos tienen, los que menos saben, ante la burocracia y excesivos requisitos se rinden?
Me pregunto: ¿a alguno de vosotros que estáis trabajando en la práctica del día a día, de esta provincia, os han consultado las sindicatos participantes en el referido dialogo social sobre cómo se está desarrollando el trabajo y la gestión de las prestaciones y recursos legislados? ¿Qué opinión llevan? y ¿a quién representan? ¿Se ha realizado algún seguimiento de los acuerdos en los que han participado?
Creo que si lo hubieran realizado hubieran visto las consecuencias, que no son otras que un vacío de recursos públicos en la red pública. Alto y claro.
